El pasado domingo, 1 de marzo de 2026, Alberto Martín Perea Marrufo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala, señaló que uno de los principales objetivos de la administración estatal es dignificar la vida de las personas privadas de la libertad, así como la de sus familias. En este contexto, informó que actualmente al menos el 30 por ciento de las personas internas en los Centros de Reinserción Social (CERESOS) de Tlaxcala se encuentran vinculadas a un empleo formal con una empresa, mientras que alrededor del 50 por ciento se dedica al autoempleo dentro de los propios centros penitenciarios.
Perea Marrufo detalló que la incorporación laboral de las personas privadas de la libertad se da a través de diversas modalidades, entre las que destaca el autoempleo en talleres de carpintería, cocina y otras actividades productivas desarrolladas dentro de los CERESOS. Además, existe un porcentaje significativo de personas que son contratadas por empresas legalmente constituidas. Esta estrategia responde, en parte, a la recomendación 44/2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que llama a fortalecer el trabajo penitenciario como vía de reinserción social.
En cuanto a las actividades laborales vinculadas a empresas, el funcionario explicó que las personas privadas de la libertad participan principalmente en el sector textil. Entre las labores más recurrentes se encuentran la elaboración de camisetas, tejidos y piezas para ropa, lo que permite a los internos adquirir habilidades técnicas y productivas que pueden serles útiles al momento de concluir su condena. Este tipo de ocupaciones facilita, además, una fuente de ingreso legal y regular para los internos y sus familias.
La Dirección de Prevención y Reinserción Social de la SSC es la instancia responsable de coordinar la relación con las empresas interesadas en brindar empleo a las personas privadas de la libertad. Las empresas informan sobre las vacantes disponibles y, en conjunto con el comité interno de los CERESOS, se realiza un análisis para determinar qué internos cumplen con el perfil necesario para las labores requeridas. Este proceso busca garantizar tanto la calidad del trabajo como la seguridad y el bienestar de los internos involucrados.
Perea Marrufo enfatizó que las empresas participantes invierten en maquinaria e insumos, y que existe un estricto control de calidad para asegurar que los productos elaborados por las personas privadas de la libertad cumplan con los estándares necesarios para su comercialización. Además, destacó que el objetivo fundamental de estas acciones es dignificar la vida de quienes se encuentran en proceso de reintegrarse a la sociedad, ofreciendo oportunidades de empleo y desarrollo económico. El funcionario adelantó que, una vez que el gobierno federal concluya el pilotaje de un nuevo programa, las personas privadas de la libertad podrían acceder también a seguridad social, extendiendo así los beneficios de estos esquemas laborales tanto a ellos como a sus familias.
