El gobierno federal firmó un acuerdo histórico con productores, compradores e industriales del sector agrícola para establecer un mecanismo que busca garantizar un «precio justo» para el maíz blanco en México. La ceremonia de firma contó con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien estuvo acompañada por representantes de los productores de Michoacán, altos funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Hacienda, la comisionada Nacional Antimonopolio y la titular del Consejo Asesor Empresarial. Este acuerdo, denominado Sistema de “Ordenamiento de la Producción de Maíz Blanco – Precio Justo”, tiene como objetivos fundamentales asegurar la autosuficiencia del grano, estabilizar el mercado nacional y mejorar la rentabilidad de los agricultores, especialmente en un contexto de crisis que amenazaba con dejar a miles de productores sin posibilidad de cubrir sus costos de producción.
Durante la conferencia de prensa, la presidenta Sheinbaum explicó que la iniciativa surgió luego de detectar que el precio del maíz blanco había caído por debajo del costo de producción, lo que ponía en riesgo la viabilidad económica de los productores. Mientras producir una tonelada de maíz requería alrededor de seis mil pesos, el precio de mercado apenas rondaba los cinco mil 200 pesos, una situación agravada por la saturación de inventarios con maíz importado a menor costo. Frente a esta emergencia, el gobierno destinó cerca de cinco mil millones de pesos en apoyos inmediatos, con la colaboración de los gobiernos estatales y empresas compradoras, lo que permitió vaciar bodegas y estabilizar la comercialización en vísperas de la cosecha sinaloense. A partir de esta experiencia, se decidió construir un sistema permanente que prevenga la repetición de tales crisis en el futuro.
El acuerdo establece tres componentes clave para ordenar la producción y comercialización del maíz blanco. El primero consiste en compras anticipadas por contrato antes de cada cosecha, con precios pactados libremente entre las partes. El segundo componente contempla la venta de insumos —semillas, fertilizantes y agroquímicos— a precios justos para los productores, mientras que el tercero introduce un mecanismo de protección financiera diseñado por la Secretaría de Hacienda en lugar de los esquemas tradicionales de cobertura, con el fin de enfrentar contingencias climáticas, fitosanitarias y de mercado. Esta estrategia involucra a 61 mil productores de siete estados, quienes trabajan más de 705 mil hectáreas y producen alrededor de siete millones de toneladas, cubriendo más del 80% de la comercialización formal del grano en el país.
En cuanto a los insumos, el mecanismo integra a más de 80 empresas nacionales y extranjeras, lo que representa cerca del 90% de los proveedores del país. La titular del Consejo Asesor Empresarial, Altagracia Gómez Sierra, destacó que en los tres meses previos a la firma del acuerdo ya se habían comercializado más de dos millones de toneladas a precios superiores al mercado internacional y se comprometieron casi tres millones de toneladas antes de la cosecha en Sinaloa. Asimismo, subrayó que los descuentos negociados en insumos alcanzaron en promedio un 13% y en algunos casos superaron el 60%, en un contexto donde los precios internacionales de agroquímicos y fertilizantes registraron incrementos de hasta el 50%.
El acuerdo incluye la implementación de una plataforma digital que permitirá la vinculación transparente entre productores, compradores y proveedores. La información generada será procesada por la Secretaría de Agricultura y la Comisión Nacional Antimonopolio para garantizar su confiabilidad y evitar prácticas contrarias a la competencia. La plataforma estará disponible a partir del 25 de mayo para el ciclo primavera-verano 2026. Francisca Rosalba Jiménez Juárez, en representación de los productores, enfatizó que este acuerdo aporta certeza a quienes trabajan la tierra, tras años de enfrentar altos costos y precios injustos. Al cierre del evento, la presidenta Sheinbaum reiteró el carácter voluntario del acuerdo y el compromiso del gobierno con la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la producción nacional de maíz, considerándolo un producto estratégico para el país.
