La magistrada Fanny Margarita Amador Montes ha señalado que la reparación integral del daño a las víctimas de delitos es una deuda pendiente en el sistema de justicia. En una reflexión publicada el 19 de agosto de 2026, enfatiza la necesidad de abordar las múltiples dimensiones del sufrimiento que padecen las víctimas, abogando por un cambio significativo en el enfoque judicial que contemple no solo la sanción al infractor, sino también el restablecimiento del bienestar de quienes han sido afectados.
Amador Montes argumenta que el concepto de justicia debe ir más allá de los castigos impuestos a los delincuentes. La magistrada resalta que la violencia y el daño ocasionado a las víctimas requieren un tratamiento que contemple una verdadera reparación, que incluya aspectos materiales, emocionales y sociales, que son cruciales para su recuperación y reintegración a la sociedad. Esta perspectiva busca crear un entorno donde las víctimas sean escuchadas y sus necesidades atendidas adecuadamente.
El artículo hace hincapié en que este enfoque integral es una responsabilidad que el sistema de justicia debe asumir para garantizar que las víctimas no sean olvidadas en el proceso legal. Además, se propone que la justicia restaurativa puede ser una herramienta eficaz para facilitar la reconciliación entre las víctimas y los infractores, permitiendo un entendimiento más profundo de las consecuencias del delito en las vidas de las personas afectadas.
Asimismo, se menciona que la promoción de una cultura de paz y la utilización de mecanismos alternativos de solución de controversias son pasos fundamentales hacia la construcción de un sistema más justo. La magistrada sugiere que estas alternativas no solo pueden aliviar la carga del sistema judicial, sino que también pueden ofrecer a las víctimas un sentido de cierre y satisfacción al participar activamente en el proceso de sanación.
Finalmente, la magistrada Fanny Margarita Amador Montes concluye que la implementación de políticas que favorezcan la reparación del daño debe ser una prioridad. Constatando que esta deuda con las víctimas no solo es una cuestión de justicia, sino un imperativo moral que debe guiar las acciones de las instituciones encargadas de administrar la justicia en Tlaxcala y en el país en general. La transformación del sistema es esencial para construir una sociedad más equitativa y sensible a las necesidades de quienes sufren las consecuencias de la violencia y el delito.
